En carta al Senado, Minsalud calificó el
proyecto de la Ley Sara como inviable e inconveniente.
En el momento de
escribir esta columna, el Presidente está objetando la ley que incluyó los
tratamientos de fertilidad en el plan de beneficios públicos de salud, por
cierto llamada por sus promotores Ley Sara, en alusión a la esposa de Abraham a
la que Dios hizo fértil a los 90 años. (Raro eso de que en un Estado
aconfesional las leyes refieran a relatos bíblicos.)
No se entendería
que siendo tan contundente el concepto del Ministerio de Salud, el Presidente
no la objete. En carta al Senado, Minsalud calificó el proyecto como inviable e
inconveniente. Y en respuesta a un cuestionario de la Corte Constitucional,
indicó que el impacto fiscal de costear estos procedimientos solamente a las
52.000 parejas del estrato 1 que podrían tener algún grado de infertilidad
sería de 2,5 a 3,6 billones de pesos. Ante tal panorama, el Ministro de Salud
no solo plantea que la cobertura debe seguir haciéndose a través de fallos
judiciales, según cada caso, sino que está pensando en proponer que estos
tratamientos queden en la lista de exclusiones del plan de beneficios de salud,
y del reciente estrenado ‘mipres’, la plataforma en la que los médicos pueden
prescribir a su paciente el tratamiento que consideran que necesita, sin que el
comité técnico de la EPS interfiera.
“Destinar recursos públicos para traer más
niños pobres al mundo me parece una crueldad con esos niños, y una presión
peligrosa a un Estado que ya es incapaz de garantizar derechos básicos”
La Corte en sus
fallos sobre este tema habla de garantizar el derecho a la salud, pues desde
que la OMS declaró que la infertilidad es una enfermedad aunque no cause la
muerte, reproducirse es un derecho. Y también habla del artículo 42 de la
Constitución, que dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad,
y por ende hay que garantizarle a la gente, aunque sea infértil, que tenga
familia. Ya veremos qué dice el alto tribunal cuando las que pidan tratamientos
de reproducción asistida sean familias de homosexuales. Apuesto a que no
faltará quién pida un cambio de la Constitución para que el núcleo de la
sociedad no sea la familia, sino el individuo.
Lo cierto es que
en aras de dar dichas garantías, y de la equidad, la Corte ha ordenado, por
ejemplo, inseminación in vitro para una mujer que no trabaja y su esposo, que
gana el salario mínimo. ¡Qué cosa más irresponsable!, el mismo Artículo 42 dice
que la pareja deberá sostener a sus hijos mientras sean menores. No creo que
con un salario mínimo pueda cumplir idealmente esa tarea. Si nacen sin ser
planeados o deseados, a criarlos lo mejor posible, pero que haya que destinar
recursos públicos para traer más niños pobres al mundo me parece una crueldad
con esos niños, y una presión peligrosa a un Estado que ya es incapaz de
garantizar muchos de los derechos básicos. No hablo de eugenesia. Me parece
igual de cruel con posibles hijos de mujeres pudientes y cincuentonas que piden
tratamientos de fertilidad para “empezar una nueva vida”, como si los hijos fueran
una crema antiarrugas.
Sé que muchas
mujeres no se sienten completas si no tienen hijos, pero presumo que en muchos
casos esto es producto de estereotipos machistas o retrógrados, que ven a la
mujer como un aparato reproductor. Prefiero que el Estado les garantice otras
opciones de proyecto de vida, en vez de estos tratamientos, que en ocasiones
son excusas para que la pareja no las deje por otra.
Cecolfes, el
centro de reproducción del pionero doctor Elkin Lucena, dice que la
infertilidad aumentó en el país un 4 por ciento en la última década. Siendo
así, resulta por lo menos extraño que Colombia haga solo 3.500 tratamientos de
infertilidad por año, y eso que hay 33 centros de fertilidad –hace solo 3 años
había 22–, a pesar de que solo hay una escuela de especialización. ¡Raro!, y
ojo que, en Argentina, después de promulgada una ley de fertilidad similar a la
aprobada por el Congreso colombiano, los tratamientos pasaron de 10.000 a
20.000 por año. Presidente, mientras vemos dónde está la bolita, ¿puede objetar
la ley?
Opinión:
Este artículo lo relaciono mucho con el anterior porque finalmente en
ambos a lo que se está haciendo alusión es a la calidad de vida, en los artículos
yo estoy completamente de acuerdo con Claudia, me gusta mucho su sinceridad y
su forma de expresarse frente a estos hechos que yo, en mí caso también
encuentro irrazonables; me parece que este es un acto de irresponsabilidad por
parte del Estado y de las mismas parejas y mujeres que estando en condiciones
inapropiadas para tener un bebé, quieren hacerlo; no tiene sentido para nadie,
traer niños al mundo a sufrir, a aguantar hambre, soportar carencias de todo
tipo, falta de oportunidades en un país incapaz e incompetente de satisfacer
las necesidades mínimas y básicas de sus ciudadanos. Reconozco cuán importante
es la familia, pero la familia bien constituida en todas sus dimensiones, una
familia no es simplemente reproducirse y traer más seres humanos al mundo, una
verdadera familia implicada demasiadas otras cosas. No con esto quiero negar el
derecho a todo pareja y mujer a ser mamá o papá y procrear, reproducirse y
contribuir con la preservación de la especie -rol que considero todo el mundo
se ha tomado muy “a pecho”- pero sí creo
que es importantísimo autoevaluarse y preguntarse a sí mismo si realmente se
encuentra en condiciones aptas de traer un nuevo ser al mundo. Ojalá algún día
todas adquiramos esa consciencia y pensemos objetivamente sobre la realidad de
las cosas y sea entonces cuando tomemos decisiones asertivas y prudentes tanto
con nosotros mismos como con los demás.
1. Fecha de consulta: 6 de noviembre de 2017
Fecha de
publicación: 20 de julio 2017
No hay comentarios:
Publicar un comentario